Sesión 2005
Logros: Asuntos Reglamentarios
Uno de los trabajos más importantes de la ARRC es revisar normas y reglamentos
de agencias estatales e intervenir cuando estos llegan a ser sumamente
burocráticos, pesados o sin sentido. El Presidente de la ARRC somete comentarios
frecuentemente cuando siente que las reglas que se proponen son ilegales o no
benefician al público. Aunque en la mayoría de los casos las agencias no tienen que
hacer los cambios recomendados por la ARRC, muchas veces los directores de las
agencias se dan cuenta que pueden mejorar sus reglas si toman en cuenta las
sugerencias del público.
Por ejemplo, el último informe de la ARRC señaló que los asambleístas Díaz y Pete
Grannis habían sometido comentarios al Departamento de Seguros acerca de una
regla que permitiría a los aseguradores obligar a los proveedores de servicios médicos
a suministrar documentación abundante sobre su educación, y sólo para retrasar
demandas de pagos legítimas.
Otra crítica del asambleísta Díaz ayudó a persuadir al Departamento de Salud a cambiar
una regla para permitir que ciertas clínicas pudieran contratar personal provisional para
verificar el historial criminal de los ayudantes de enfermería que trabajan ahí. De igual
manera, la Oficina de Asistencia Temporal y al Incapacitado estuvo de acuerdo con los
comentarios de los asambleístas Díaz y Deborah Glick y accedió a eximir los ingresos
de los estudiantes que asisten a la universidad tiempo parcial de los cálculos que
determinan su elegibilidad para asistencia pública. Este cambio motivará a los
jóvenes a continuar aprendiendo y trabajando para salir adelante.
Estos son algunos de los asuntos reglamentarios en los que la ARRC ha intervenido
desde el último reporte:
Seguridad de los Vehículos de Campamento
El año pasado, el Departamento de Salud propuso cambios a las reglas de
campamentos infantiles. Los asambleístas Díaz y Richard Gottfried, presidente
del Comité de Salud de la Asamblea, se opusieron al cambio que proponía eliminar
el requisito de que todos los vehículos en un campamento portaran un sello de
inspección de seguridad válido. Ambos señalaron que la propuesta podría poner
en peligro la seguridad de los campistas, los cuales podrían ser transportados en
vehículos inestables. El Departamento accedió a mantener el requisito tal y como
estaba.
Límites en el Uso del Medicaid
En enero de este año el asambleísta Díaz discutió con el Departamento de Salud
una propuesta para reducir los límites en el uso del Medicaid. Estos límites determinan
los servicios de salud que una persona que utiliza el Medicaid puede recibir sin necesitar
una autorización especial. El Departamento propuso reducir el número de visitas a la oficina
de un doctor o clínica de 10 a 5 por año. El número de análisis de laboratorio disminuiría
de 18 a 10, y el número de visitas a clínicas de salud mental se limitaría a 30 por año
(en vez de 40). Aparentemente estas reducciones fueron motivadas por razones políticas,
no por una causa médica válida, y podrían causar daño a los ancianos y los débiles. Hasta
ahora, el Departamento no ha efectuado el cambio a las reglas, el cual estaba programado
para el 1ro de octubre del 2005.
Televisión a través de Cable
En enero, la Comisión de Servicios Públicos propuso hacer cambios numerosos a los
reglamentos de televisión a través de cable. Los asambleístas Díaz y James Brennan
criticaron varios de estos cambios ya que podrían socavar las protecciones existentes
al consumidor. Por ejemplo, las compañías de electricidad no tendrían la obligación de
reembolsar a los usuarios cuando interrumpen la transmisión debido al mal tiempo.
Los Asambleístas señalaron que estados cercanos como Rhode Island y Massachusetts
requieren que se devuelva dinero a los consumidores por pérdidas de señal causadas
por las tormentas. Desgraciadamente, la Comisión adoptó estas reglas anti-consumidores.
Discado de Voz
A principios del 2005 se le informó al asambleísta Díaz que la compañía de telecomunicaciones
más grande de Nueva York retiraría su servicio de discado de voz. Este servicio es utilizado por
gente que ya sea por su edad, deterioro de la vista u otra condición física no pueden marcar los
números manualmente. Díaz cuestionó si la Comisión de Servicios Públicos había tratado de
contactar a los incapacitados, y si había considerado sustituir este servicio por otro para aquellos
usuarios que dependen del discado de voz. Lamentablemente, la Comisión no demostró mucho
interés en estos problemas; el asambleísta Díaz presentó el proyecto de ley A.8029 para promover
el uso de tecnología para facilitar el acceso al área de telecomunicaciones.
Admisión a Centros de Tratamiento Residencial
En marzo, los asambleístas Díaz y Peter Rivera, presidente del Comité de Salud Mental de la
Asamblea, enviaron una carta a la Oficina de Salud Mental con relación a cambios en las reglas
de precertificación para la admisión de niños y adultos a centros de tratamiento residencial
(RTF). A los Asambleístas les preocupó que esta propuesta pudiera resultar en la eliminación
inapropiada de niños de las listas de espera para ser admitidos a un centro de tratamiento
residencial, y también permitiría a los padres o guardianes no hacer caso a las órdenes de
los jueces de Tribunales de Familia que determinan cuándo es apropiado admitir a un niño
a un centro de tratamiento residencial. La Oficina de Salud Mental accedió al cambio de reglas
para permitirle al comité que revisa las precertificaciones de admisión tomar en cuenta todos
los documentos y solicitar más información antes de quitar el nombre de un niño de las listas
de espera, y también indicaron que la opinión de los padres de que la admisión a uno de estos
centros ya no es necesaria será considerada individualmente en cada caso.
Estado Migratorio en la Tutela de Crianza
En marzo, la Oficina de Servicios a Niños y Familias propuso modificar sus reglas sobre la tutela
de crianza. Una de estas modificaciones iba a requerir que tanto el niño como su familia tuvieran
que entregar documentos oficiales de identidad, un historial e incluso documentos sobre su estado
migratorio. Los asambleístas Díaz y Adriano Espaillat, presidente de la Comisión de Trabajo sobre
Nuevos Americanos criticaron este cambio. También señalaron que esta modificación iba más allá
de lo requerido por los reglamentos Federales y que este tipo de preguntas irrelevantes podrían
crear barreras para impedir la reunificación de familias o el acceso a servicios imprescindibles.
Esta agencia estuvo de acuerdo con los Asambleístas y la regla final solamente requiere
documentación sobre el estado migratorio del niño.
Licencias de Conducir para Inmigrantes
En marzo, el asambleísta Díaz envió una carta al Comisionado del Departamento de Vehículos
de Motor para expresar su preocupación sobre una política nueva de este Departamento que
requiere que las personas prueben si son ciudadanos estadounidenses o si están cumpliendo
con las leyes de inmigración antes de poder solicitar o renovar su licencia de conducir. Díaz
señaló que el mismo reglamento de este Departamento sólo pone como requisito que la
persona presente un número de seguro social o evidencia de no ser elegible para obtener
un número de seguro social. Sin embargo, debido a esta política a muchas personas le
negaron injustamente las licencias de conducir. Por ejemplo, no se le expedía una licencia
de conducir a una persona que le quedaban menos de seis meses en su visa de empleoaunque
estos documentos son comúnmente extendidos.
El asambleísta Díaz se quejó de que los conductores están a la merced de los funcionarios
del Departamento de Vehículos de Motor que carecen de experiencia y se equivocan con frecuencia
al evaluar los complejos documentos de inmigración, y que esta política estaba causando dificultades
a las familias y patronos que dependen de los conductores inmigrantes. En mayo, un juez le prohibió
al Departamento continuar imponiendo dicha política; el caso todavía espera un fallo decisivo.
Instalaciones Centrales Pertenecientes a Empresas de Servicios Públicos
En diciembre del 2004, el Departamento de Conservación Ambiental (DEC) propuso cambiar los
requisitos para la emisión de permisos para desperdicios tóxicos generados por las empresas
de servicios públicos. Los cambios propuestos permitirán almacenar desperdicios tóxicos
con contaminantes como plomo, bencina y PCB, en “Instalaciones Centrales Pertenecientes
a Empresas de Servicios Públicos” (UCCF) sin necesidad de obtener un permiso y limitando
la participación del público. Los asambleístas Díaz y Tom DiNapoli, presidente del Comité
de Conservación Ambiental de la Asamblea, se comunicaron con el DEC para señalar que
este cambio socavaría la política de justicia ambiental del Departamento. Los Asambleístas
expresaron la posibilidad de que muchas UCCF serían ubicadas en comunidades minoritarias,
sin permitir la extensa participación del público que normalmente se requiere en el proceso de
emisión de permisos. El DEC no aceptó ninguna de estas sugerencias y adoptó los cambios
tal y como los propusieron. Sin embargo, continuamos nuestros esfuerzos para garantizar que
estas instalaciones sigan la política de justicia ambiental.
Acceso Público a Documentos del Gobierno
En julio, el DEC propuso cambiar sus reglas en cuanto a la implantación de la Ley para la
Libertad de Información (FOIL) y esto le preocupó a los asambleístas Díaz, Tom Dinapoli
(presidente del Comité de Conservación Ambiental) y a James Brennan (presidente del
Comité de Supervisión, Análisis e Investigación de la Asamblea). Parte de la propuesta
requiere que, de aquí en adelante, cualquier solicitud de documentos se haga sólo por
escrito, a pesar de que el DEC ha permitido solicitudes orales en el pasado. Los Asambleístas
señalaron que las reglas de FOIL claramente permiten a las agencias aceptar solicitudes orales.
Otra parte de la propuesta permitiría al DEC hacer cambios a la lista de temas requerida por
FOIL “periódicamente” en vez de por lo menos dos veces al año. Como se mencionó en la parte
de Reportes Especiales el Comité para un Gobierno Abierto había propuesto originalmente hacer
cambios a su lista de temas “periódicamente”, pero luego decidió hacerlo “anualmente”. Los
Asambleístas le pidieron al DEC que no tome ninguna acción hasta que el Comité finalice su
reglamento oficial.
Ley de Reinversión en la Comunidad
En junio, los asambleístas Díaz y Catherine Nolan, presidenta del Comité de Banca de la
Asamblea criticaron ciertas reglas propuestas por el Departamento de Banca para simplificar
formularios y procedimientos en sus sucursales, oficinas públicas y establecimientos electrónicos.
Los Asambleístas señalaron que este cambio está en contra de las leyes bancarias, y no
permitiría la participación del público para determinar si una sucursal electrónica satisface las
necesidades de crédito de la comunidad. Las objeciones de los Asambleístas forzaron al
Departamento a retirar la propuesta introducida originalmente como regla de consenso general.
Protección para Cuentas Sobregiradas
En noviembre, los asambleístas Díaz y Nolan junto con Mark Weprin, presidente del Comité de
Pequeños Negocios de la Asamblea trataron de resolver otro problema relacionado con asuntos
bancarios. El Departamento de Banca propuso permitirle a los bancos estatales ofrecer servicios
de protección para cuentas sobregiradas bajo los mismos términos que siguen los bancos
federales. Los Asambleístas le preguntaron al Departamento por qué no había incluido en sus
propias reglas la recomendación del Superintendente de Banca de “proteger a los consumidores
contra procedimientos abusivos”. El Departamento también propuso aumentar el cargo máximo
que se puede imponer por cheques sobregirados de $10 a $20, y cobrarle aún más a los
pequeños negocios. Los Asambleístas indicaron que estos cambios carecían de justificación
legal u objetiva.
Control/Estabilización de Alquileres
En junio, la División de Renovación de Comunidades y Viviendas propuso cambiar las reglas
para mejoras mayores hechas en propiedades con alquiler controlado o estabilizado por ley.
Díaz envió sus comentarios para señalar que el lenguaje utilizado en los cambios propuestos
es inconsistente y confuso, y para recomendar que se añadan protecciones a los consumidores
de manera que no haya aumentos de alquiler súbitos y considerables. La División rectificó el
lenguaje erróneo pero no hizo cambios a su propuesta.
Guías Informativas
El año pasado se aprobó un proyecto de ley presentado por el asambleísta Díaz para mejorar
el acceso del público a las guías informativas usadas por las agencias estatales, archivado en
el Folio 730. Esta ley requiere que las agencias entreguen una lista de todas las guías informativas
que usan para publicarlas en el Boletín Oficial Estatal. En marzo, el Departamento de Estado
propuso ciertas reglas para especificar cómo las agencias deben cumplir con este requisito;
dichas reglas también permitirán a las agencias que no usan guías informativas a estar exentas
de publicación por un año. El asambleísta Díaz opina que esta exención sólo es útil si el Departamento
publica una lista de todas las agencias exentas, sino, el público no tendrá manera de saber si la agencia
está exenta, o si simplemente no entregó su lista. Esta agencia aún no ha decidido qué forma tomará
el reglamento final.
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